Extraordinaria y urgente necesidad

Tal vez sirva de algo la perspectiva histórica. Calificar de “abuso” el uso injustificado que el actual Gobierno de España hace del decreto ley se queda corto. Que nuestro ordenamiento constitucional recoja la “extraordinaria y urgente necesidad” como requisito para legislar (provisionalmente) mediante decreto ley no deja de ser una reliquia de un viejo concepto del pensamiento político medieval y moderno. La potestas absoluta, como la definieron teólogos, canonistas y juristas desde el siglo XIII, esto es, la facultad del gobernante para obrar al margen de la ley (legibus solutus) sólo podía aplicarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad (lo ha explicado con meridiana claridad una historiadora igualmente extraordinaria, Arlette Jouanna, en Le pouvoir absolu. Naissance de l’imaginaire politique de la royauté, París, 2013, pp. 51-60). En los siglos siguientes, el estado de necesidad, urgente y extraordinaria, sería esgrimido una y otra vez por los reyes (y también por gobiernos republicanos) para infinidad de propósitos concretos y para un fin general: enaltecer y reforzar su poder. Nadie discutía esa capacidad de los gobernantes, pues guerras, rebeliones o epidemias tenían la entidad suficiente como para suspender las leyes ordinarias y gobernar de forma expeditiva y extraordinaria. Pero fue el abuso de esa capacidad y la lenta transformación de un poder extraordinario en una situación ordinaria lo que permitió hablar de absolutismo. Las cautelas que introduce el art. 86 de la Constitución Española en el uso del decreto ley pretenden impedir esas situaciones de abuso, a dejar a salvo no sólo los derechos fundamentales sino también el ordenamiento ordinario y, con él, el tiempo ordinario en que no debe usarse ese procedimiento. Es cierto que se dejan suficientes puertas abiertas para que sean la discreción y la prudencia de cada gobierno las que, en última instancia, regulen su uso. Pero que se use de forma tan pertinaz como hace ahora el Gobierno de España revela una manera de entender la política que no quiere saber nada de derechos, de controles ni de participación; ni tampoco de historia ni de ética.

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