El rey

Es inevitable que la abdicación de Juan Carlos I tenga consecuencias constitucionales. Es lógico que el debate sobre la continuidad de la monarquía, abierto hace tiempo, se redoble ahora. La renuncia del rey cuestiona ciertos fundamentos de la Corona, de cuya constitucionalidad puede dudarse, pero que están implícitos desde la restauración de 1975: la gracia de Dios y el caracter hereditario. Es decir, la naturaleza sagrada, perpetua y casi providencial de la Corona. Aunque Juan Carlos fue proclamado rey por las Cortes Generales, al deber su establecimiento al “caudillo de España por la gracia de Dios”, y al restaurarse los derechos históricos de la Casa de Borbón, incluido el carácter irrevocablemente hereditario de la Corona (simbolizado con la presencia de Felipe, de sólo siete años, en la proclamación) se recuperaban esos antiguos significados; y aunque algunos no los recogió la simbología (las monedas, ya desde 1975, adoptan una leyenda simple que elude la gracia de Dios, a diferencia de las monedas de Franco o de las de la reina de Inglaterra), otros quedaron acogidos en la constitución (la consideración de dinastía histórica y el orden histórico de sucesión: art. 57. 1 y 2).Articulo0001494
Al asumir el rey estos principios, se identificaba con el compromiso tradicional de la realeza, cuyos titulares lo eran de por vida, en ejercicio de un ministerio casi sacramental. A ello se unió el refuerzo carismático del 23 F, que sellaba la unión entre monarquía y democracia parlamentaria. Es comprensible, pues, que hasta hace unos meses, el rey no contemplara la posibilidad de abdicar. Pero esa amalgama de constitucionalismo moderno y tradicionalismo quedó rota con la famosa cacería de Botswana, y no precisamente por culpa del rey. La culpa del rey no tiene sentido en un Estado que proclama la no sujeción a responsabilidad de la persona regia y que establece la necesidad de refrendo para sus actos (CE art. 56. 3). Como dice el viejo aforismo inglés: The king can do no wrong. Y si el rey no se puede equivocar, es el ministro que refrenda sus actos el que debe asumir la responsabilidad de los errores. Como el gobierno en pleno, con Rajoy a la cabeza, escondieron la cabeza bajo tierra, fue Juan Carlos I, en un gesto sobre cuyo carácter insólito nunca se insistirá lo bastante, quien tuvo que pedir perdón. Desde ese momento, la suerte del rey Juan Carlos estaba echada, y no sólo por el desprestigio público, agrandado por el escándalo de su yerno, sino por la espantada del gobierno y de su presidente, que quebraba de hecho el principio de irresponsabilidad del titular de la Corona.
A la luz de aquello cobra otro sentido la abdicación de Juan Carlos I, perdido su carisma y debilitada su posición institucional. Por eso el futuro de la monarquía en España es más incierto. Abdicaciones ha habido en la historia de España: dejando aparte las de Bayona, las abdicaciones fueron menos problemáticas cuando los fundamentos sagrados y dinásticos de la Corona estaban más claros, si bien no dejaron de plantear problemas constitucionales (en los casos de Carlos V y Felipe V). los-principes-de-asturias-posaron-de-lo-mas-sonrientes-ante-la-prensaCuando esos principios eran discutidos (Isabel II, Amadeo I, Alfonso XIII), renuncias, exilios y abdicaciones estuvieron ligados a cambios de régimen. El no abdicar, la aspiración a morir en el trono, que parece haber sido el norte de Juan Carlos I, era un resto de sacralidad, un deber trascendente. Dejar definitivamente de lado esos valores tradicionales, contribuye, sin duda, a la modernización de la monarquía. Veremos si la monarquía sobrevivirá a su modernización.

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2 responses to El rey


  1. Ryszard

    La verdad es que no puedo presentarme ni como monárquico ni como republicano. Solo creo en aquel modelo que sea más beneficioso para el Estado de derecho y “democrático” en el que vivimos.

    Si bien la Constitución recoge todo los puntos que has mencionado creo que el siguiente rey, ya investido, debería escuchar la voz de su pueblo, pues debemos de recordar que un rey, dux, conde, estatúder etc… poco sería sin el conjunto que conforma su país. Solo abogo por aquel gobernante que sea consecuente de sus actos y haya asimilado todos los conocimientos de un buen Speculum Principi, independientemente el título que ostente.

    Se perpetúe la monarquía o se instaure una república, la gente no debería preocuparse por el cuerpo físico del gobernante sino por el cuerpo político que migra de ente en cada sucesión. Nos perdemos en el vocabulario y a veces reclamamos algo que ni siquiera entendemos

    P.D: tras leer tu publicación me han dado de volver a tus clases y debatir sobre todo y más.

    • Juan Francisco

      Tampoco yo tengo muy claro si me identifico con la monarquía o con la república: si acaso me atrae el republicanismo clásico (desprovisto de sus tintes aristocráticos y con un acusado componente social) que no es necesariamente opuesto a una monarquía limitada, menos aún a una monarquía desprovista de poder efectivo. Sé que no está claro que la primera magistratura de un Estado democrático sea hereditaria; y, sin embargo, como sabéis bien quienes habéis ido a mis clases, la cuestión de las soberanías compartidas y de los poderes que se equilibran (la “constitución mixta”) me atrae mucho, entre otras cosas por el discurso moral que encierra.
      El balance de poderes está sugerido en el artículo de ayer en El País de Francesc de Carreras. La sólida argumentación del autor se basa, implícitamente, en la distinción que hacía Jean Bodin (precisamente el “asesino” de la constitución mixta) entre Estado y Gobierno, entre forma constitucional y organización del gobierno y las instituciones: no estamos, pues, en un Estado monárquico, sino en uno democrático porque la soberanía reside sólo en el pueblo, no como en otras monarquías que compartían la soberanía con el pueblo representado en el Parlamento. Curiosamente al ceñirse a un esquema dicotómico (rey + parlamento), se deja de lado el tercer elemento, típico de las monarquías de la Edad Moderna: el consejo. Por eso chirría esa distinción tajante que hace entre Estado absoluto, en el que el rey posee toda la soberanía, o monarquía parlamentaria, con esa soberanía compartida. La importancia del consejo es la que hace que la Monarquía española, o la francesa, pese a todo el poder de sus reyes, y a las prerrogativas extraordinarias de que se sirvieron, tuviesen límites, basados en la ley y el derecho, que los consejos (la polisinodia española, los Consejos de Castilla, Aragón, Indias, etc., y las cortes soberanas francesas, empezando por el Parlamento de París), identificándose con toda intención con el Senado romano, les recordaban. También es curioso que la prerrogativa que Francesc de Carreras asocia al rey, desprovisto de auténtica majestad, sea la auctoritas, la propia del consejo, de los juristas; pero tiene cierto sentido, pues ni la autoridad de éstos, ni la que se invoca para el rey (y que debería basarse en la prudencia, verdadera virtud de gobierno) tienen origen en la soberanía popular, ni, por tanto, se basan, en rigor, en procedimientos democráticos.
      Cómo, sin embargo, pueden encajar en un Estado democrático, lo explica muy bien Juan Pablo Fusi, hoy, también en El País. El análisis es ecuánime, poniendo no pocas cosas en su sitio y dando una muestra de la utilidad de la historia para comprender el sentido de nuestras aspiraciones, y evocar adecuadamente el pasado, alguna de cuyos periodos tendemos a idealizar (la Segunda República), mientras censuramos otros, no sin cierta razón, pero a veces de forma apresurada (la Transición). No estoy, sin embargo, de acuerdo con la última reflexión. Abrir un debate nunca es malo; al contrario: siempre es sano, eso sí, cuando se argumenta con rigor y honestidad. Sólo un debate de ideas y de propuestas razonadas, lo más sereno posible, pero sin olvidar la gravedad de los problemas planteados (el primero la creciente brecha social de nuestro país, que afecta a cuestiones constitucionales como la deuda; y luego todos los demás, incluido el problema territorial) hará posible que reformemos la constitución para la próxima generación.

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